Adultos mayores y contribuciones: un problema estructural de una nación sin derecho efectivo al bienestar social

Basta con mirar las pensiones otorgadas por el sistema AFP para llegar a la rápida conclusión que en gran parte de los casos los adultos mayores se exponen a una drástica reducción del ingreso o a la condena de seguir trabajando sin tener una jubilación. Al respecto, los datos son aplastantes. La tabla que compartió la Fundación Sol este año (Tabla 1), junto con el alto precio de la vivienda y la avanzada en la concentración de la propiedad nueva por parte de un selecto grupo de la población, indica que el futuro de los chilenos después de trabajar por décadas, no es muy auspicioso.

En un ejercicio de empatía mínima, es bueno medir cómo estas pensiones pueden ayudar a una persona a vivir una vejez digna. Según el INE, la canasta básica alimentaria necesaria para cubrir las calorías mensuales de una persona y sobrevivir tiene un costo aproximado de $42.840 en Chile, que sumado al uso de transporte público por unos $34.500 mensuales, ascienden a $72.840 base para comer y moverse. A eso hay que agregar cuentas de agua, luz, gas, celular, internet, que según el portal PreciosMundi, en base a encuesta aplicada a las principales areas urbanas del país, ascendería a $121.200. Si en vez de usar PreciosMundi, usamos los datos de Numbeo, esa cifra es de $114.414. Luego, según la encuesta IPSUSS, los afiliados a Fonasa estarían gastando en promedio $47.100, mientras que entre los afiliados a Isapres el monto asciende a $72.000. Entonces, en un escenario optimista ante estas cifras, descontando la vivienda, los hogares de adultos mayores estarían gastando mensualemente $234.454.

Y ahora, revisamos el problema de la vivienda, en base a un conjunto de datos que hemos ido revisando en los últimos meses desde nuestro Centro de investigación aplicada. Para ponderar estos gastos, desarrollamos la siguiente tabla en base a la encuesta CASEN 2017.

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2017

Se observa que, dado que el sistema de pensiones tiende a nivelar los ingresos, reducir las distancias entre hogares de altos y menores ingresos, para convertir a los adultos mayores en un grupo más homogéneo de ingresos bajos, el peso de los pagos por concepto de vivienda también se desarrolla de forma menos homogénea entre los hogares.

Por esta razón, el reclamo de exención de contribuciones para adultos mayores no es una queja abusiva ni mucho menos, sino que podría originarse en la microeconomía de los hogares, donde las paupérrimas pensiones no logran cubrir el costo de vida en Chile. Aun así, dichas contribuciones, cuentan con un beneficio que se basa en la Ley 20.732 del año 2014. Esta ley establece que los adultos mayores (sobre 60 años para mujeres, 65 años para hombres) pueden optar a un beneficio para no pagar más del 5% de sus ingresos anuales en contribuciones. Esto corre para propiedades con avalúo fiscal bajo los $89.016.375 o, en el caso de tener más de una propiedad, que la suma de los avalúos no sume más de $118.688.500.

Aunque creemos que el problema no está en las contribuciones per sé, sino en un sistema de seguridad social que trae encadenado un conjunto de problemáticas sociales relacionadas con la monetarización de la vida en Chile, que luego de 30 años de desarrollo neoliberal, comienza a mostrar sus verdaderos resultados económicos visibles en la cotidianeidad de los presupuestos de los hogares. El problema principal, entonces, es estructural al diseño de la economía política de la nación.

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